Más allá del salario: por qué muchos trabajadores eligen las MYPES

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Eduardo Castaneda tiene 30 años y trabaja en una carpintería en Cojutepeque, el mismo municipio donde vive. Para él, esto es una ventaja: le permite ahorrar en gastos de transporte y evita perder largos periodos de tiempo en traslados.

Siempre le ha gustado trabajar la madera y eso hace que disfrute su trabajo día a día. Lleva cuatro años trabajando en la misma carpintería, con una jornada de ocho a cinco, pero con la flexibilidad de poder ausentarse si necesita resolver algo personal, con solo avisar a su jefe y reponer el tiempo después. «El ambiente laboral es excelente», asegura. «Si hay algún problema, lo solucionamos entre todos.»

Según datos del estudio El Estado de la MYPE 2023: la otra cara de la economía, realizado por el Observatorio MYPE de FUSAI, el 33.3%,  es decir, aproximadamente alrededor de 300,000 MYPES tienen la capacidad de generar empleos. Una parte importante de estas empresas opta por esquemas de pago de corto plazo: semanal (34.5%) o incluso diario (26.9%).

Eduardo forma parte de ese grupo. Recibe un salario semanal que, dependiendo de las horas extra, suele variar entre $125 y $150.

Su salario, que es superior al salario mínimo ($408.80), le permite cubrir la canasta básica y los servicios del hogar para él y otras dos personas que dependen económicamente de su ingreso.

Sin embargo, aunque Eduardo gana un salario superior al mínimo, no tiene las prestaciones de ley que ofrece una empresa formal. Él explica que todas las empresas en las que ha trabajado operan en el sector informal, por lo que nunca ha recibido estos beneficios, y aunque reconoce que las prestaciones formales son necesarias, también asegura que no son lo único que define un buen empleo.

Su caso ilustra una realidad que atraviesa a todo el sector: aunque muchas MYPES informales no pueden ofrecer cobertura de prestaciones, no es necesariamente cierto que sus trabajadores reciban salarios netos más bajos y que prefieran trabajar automáticamente en el sector formal o en las grandes empresas. En numerosos casos, los ingresos que perciben —libres de descuentos asociados a la formalidad— pueden ser iguales o incluso superiores al mínimo.  Persiste una deuda importante en materia de protección social, que solo podrá resolverse si primero se abordan las limitaciones estructurales que enfrentan estas empresas.

El margen que no alcanza

Cuando se habla de condiciones laborales en las micro y pequeñas empresas (MYPES), el debate suele enfocarse en el salario mensual. Además del acceso a prestaciones como cotizaciones al ISSS y AFP, vacaciones remuneradas o aguinaldo, hay otros elementos que definen buena parte de la calidad del empleo generado por este sector. Por ejemplo, especialmente entre trabajadores jóvenes, muchas veces pesa otra lógica: muchos optan por empleos en MYPES locales informales o semiformalizadas porque valoran el ingreso neto inmediato —sin descuentos de AFP, seguro social u otras cotizaciones— y los ahorros de tiempo y dinero derivados de trabajar cerca de casa, evitando largos traslados diarios.

Pero esta es solo una arista del debate. En un plano distinto, cabe preguntarse qué condiciones estructurales limitan la capacidad de las MYPES para formalizarse sin comprometer su sostenibilidad.

Los datos del Observatorio MYPE de FUSAI ofrecen una respuesta que incomoda: el 96% de las MYPES se mantienen aún en el sector informal, motivados principalmente por factores económicos y barreras burocráticas que les impiden dar el paso hacia la formalización.

Según el informe Estado de la MYPE 2025: la otra cara de la economía, los salarios absorben el 68.6% del valor agregado de las MYPES formales, mientras que su excedente bruto de explotación —el margen que les permite invertir, crecer o simplemente aguantar un mal trimestre— cayó por debajo del 20% entre 2022 y 2023. Son cifras que ilustran una realidad que Eduardo, aunque no la cite en esos términos, conoce de cerca: la carpintería donde trabaja no tiene mucho margen para absorber los costos adicionales de la formalización.

Una brecha que no se cierra sola

La cobertura de seguridad social entre la población ocupada alcanza apenas el 36.5%, según la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2023. En el segmento MYPE informal —que representa el 96% del parque empresarial en número de unidades— esa cobertura es prácticamente inexistente. Eduardo es parte de ese universo.

Ampliar esa cobertura de forma sostenible es uno de los retos más grandes que enfrenta el sector, pero lograrlo requiere empresas con mayor capacidad competitiva. ¿Qué se necesita para alcanzarla? Una parte de la respuesta está en la formación en habilidades de gestión empresarial, el acceso a financiamiento en condiciones adecuadas, las mejoras en procesos operativos, la incorporación de tecnología y la apertura a nuevos mercados.

Sin embargo, no todo el sector está en la misma situación. Los segmentos más grandes de la MYPE, como la pequeña empresa, han mostrado que cuando se logra estabilizar los ingresos, se ordenan procesos y se recibe el apoyo y acompañamiento correcto, se abren espacios reales para formalizar las relaciones laborales, no solo sobre el papel.

Lo que las cifras no miden

La historia de Eduardo también refleja esa heterogeneidad. Él nunca ha trabajado en una empresa grande: las carpinterías de su zona —pequeñas, informales, cercanas— han sido siempre su entorno laboral. En muchos territorios del país, la MYPE no compite con la gran empresa por la misma mano de obra; es simplemente la opción disponible y, en algunos casos, también la que mejor se ajusta a las condiciones de vida de quienes trabajan en ella.

Empleo cercano al lugar de residencia, flexibilidad para conciliar trabajo y responsabilidades familiares, vínculos laborales más directos: esos atributos no reemplazan las prestaciones formales, pero forman parte del cuadro completo que define la calidad del empleo en el sector.

La pieza que falta

El debate sobre prestaciones laborales en las MYPES puede seguir dos caminos. Uno es quedarse en la brecha entre lo que la ley exige y lo que el sector cumple, un ejercicio útil pero que rara vez produce cambios. El otro es preguntarse qué condiciones deben crearse para que ese cumplimiento sea viable y sostenible para la mayoría de las unidades productivas del país.

Eduardo ya sabe qué responder. «El día que no trabajo es el día que no me pagan. Ya lo tengo presente, va descontado en mi sueldo», dice. Aun así, si le preguntaran si estaría dispuesto a que le descuenten parte de su salario para acceder al ISSS y la AFP, la respuesta es sí, sin dudar. No rechaza la formalidad; espera que sea posible. Pero no quiere dejar las ventajas de un empleo local.

Las MYPES aportan en promedio entre el 45% y el 48.8% del PIB salvadoreño, el doble del ingreso que el país recibe en concepto de remesas. En los últimos años, el gobierno ha logrado avances importantes para simplificar el ingreso a la formalidad y reducir muchas de las barreras iniciales de registro. Sin embargo, el desafío no termina ahí: es necesario seguir reduciendo la carga burocrática y los costos de tiempo y dinero que implica para una pequeña empresa cumplir con la ley una vez ha sido formalizada.

Un sector con ese peso en la economía nacional abre la necesidad de impulsar una agenda estratégica de largo plazo que fortalezca su capacidad para ampliar la protección de quienes trabajan en la MYPE, como parte de una política de desarrollo inclusivo construida a partir de las condiciones y capacidades concretas del sector.